Agencias, Ciudad de México.- El Gobierno del presidente Joe Biden propondrá una nueva norma que permitirá a Estados Unidos expulsar más rápidamente a algunos inmigrantes indocumentados que solicitan asilo, en un momento en que la Casa Blanca enfrenta un aumento histórico de la inmigración ilegal que ha puesto a prueba los recursos estatales y locales y se ha convertido en un lastre político de cara a las elecciones de noviembre.
La propuesta, que será presentada el jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), permite a los funcionarios de inmigración llevar a cabo una determinación inicial de elegibilidad en el momento en que los inmigrantes son evaluados por primera vez para definir su estatus de asilo, según personas familiarizadas con los planes.
Esto permitirá a EE.UU. designar con mayor rapidez a las personas como riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública y acelerar la deportación en comparación con el sistema actual. Se trata de un porcentaje relativamente pequeño de las personas interceptadas en la frontera, y la medida es considerada por los funcionarios de la Administración como relativamente menor en comparación con algunas de las restricciones adicionales en el proceso de asilo que podrían incluirse en una orden ejecutiva presidencial que se está considerando actualmente.
No está previsto que Biden se refiera a la norma del DHS, que se publicará en el Registro Federal.
Autoridades de la Casa Blanca vienen considerando la posibilidad de adoptar medidas unilaterales en la frontera desde el fracaso de un acuerdo bipartidista negociado en el Senado que el presunto candidato presidencial republicano Donald Trump instó a los miembros de su partido a rechazar. Trump ha criticado a Biden por la tasa de los cruces fronterizos y ha prometido aplicar restricciones más drásticas si es elegido en noviembre.
“Hay más medidas que tomar”, dijo el miércoles a la prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, al tiempo que alentó a los legisladores a reconsiderar el acuerdo bipartidista.
Asesores de Biden han dicho que el presidente quería asegurarse de que sus acciones ejecutivas pudieran resistir el escrutinio legal. Algunas de las medidas fronterizas que Trump intentó implementar durante su primer mandato fueron posteriormente anuladas por los tribunales federales, lo que limitó las posibles acciones que podía tomar Biden para restringir los flujos fronterizos ilegales. Como norma propuesta, es probable que el esfuerzo del DHS tarde en aplicarse mientras la Administración trata de superar los obstáculos regulatorios.
Las autoridades estadounidenses registraron más de 300.000 encuentros fronterizos en diciembre, aunque la cifra cayó a poco más de la mitad en los tres meses siguientes.
A fines del mes pasado, Biden ordenó a su equipo de seguridad nacional que colaborara con las autoridades mexicanas para frenar el número de cruces fronterizos ilegales. Desde entonces, la Administración ha anunciado nuevas medidas para endurecer el control de la inmigración en ferrocarriles, autobuses y aeropuertos, así como un aumento de los vuelos de repatriación tanto desde EE.UU. como desde México.