Agencias, Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en México el 1 de diciembre de 2018 reafirmando su lema de campaña «Por el bien de todos, primero los pobres». Su primera medida económica fue elevar el salario mínimo. La siguiente, iniciar una política de «austeridad republicana» que incluía la simbólica medida, anunciada previamente, de bajarse el propio sueldo presidencial.
López Obrador estimaba entonces que la economía de México podría crecer 4 % anual durante su presidencia. La Secretaría de Hacienda contemplaba un más realista 2,2 %. Según los datos de Inegi, el PIB del país fue finalmente de 96,7 billones en 2018 y de 100 billones (en pesos constantes) en 2023, lo que supone un exiguo crecimiento medio anual, excluida la inflación, de 1,02 %. No obstante, sin pandemia, el sexenio hubiese sido muy distinto.
El sexenio de la pandemia
En 2020, el año más afectado por la pandemia de covid-19, se registró en México una caída del PIB de 8,62 %. En el segundo trimestre, «alcanzó una caída de 19,09 %, la cual puede calificarse de histórica», afirma Ignacio Ibarra, del Instituto Tecnológico de Monterrey, aunque señala que «ya se venían registrando caídas» desde el último trimestre de 2018. Durante la pandemia, además, empezó a subir la deuda pública, que se mantenía en torno a 35 % del PIB, hasta superar el 41 %. Actualmente se sitúa en 45,5 % del PIB.
«México es una de las economías que más tardó en recuperarse en términos de nivel de actividad», recuerda Víctor Ayala Gómez, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Para él, no se manejó bien esta «crisis completamente atípica», aunque «la manera en que estaba integrada la economía de México con la de Estados Unidos favoreció el proceso de recuperación». El comercio merece capítulo aparte y lo abordaremos en otro artículo, pero vamos por orden.
«Primero los pobres»
Para el director de Analítica de Datos del IMCO, el indicador más representativo del sexenio es, sin embargo, el crecimiento acumulado del PIB per cápita del 0,9 %, «el más bajo, por mucho, que tenemos en los últimos prácticamente 40 años». Lejos del 5,2 % del sexenio previo, destaca Ayala, y la mitad del 1,8 % registrado en el período anterior a ese, un sexenio marcado por la crisis financiera global.
Ibarra, director del programa de Economía en el campus de Puebla, destaca, a pesar de todo, la reducción de la pobreza. Y el paso para ello, no exento de inconvenientes, de una estrategia concentrada en «reducir las carencias sociales» a otra de «incrementar el ingreso». «El sexenio anterior cierra con 41,9 % de personas en la pobreza; en la medición de 2022, pasa a 36,3 %», constata. «Destacaría la reducción de la pobreza y el incremento del ingreso promedio y la reducción salarial entre hombres y mujeres», añade.
Ecos de la «austeridad republicana»
La Ley Federal de Austeridad Republicana de 2019 pretendía rebajar el gasto público y controlar el déficit. Supuso despidos de empleados públicos, reducciones de salarios y cancelaciones de licitaciones. «Es una administración que empezó haciendo bandera de la austeridad republicana y efectivamente empezó conteniendo el gasto», señala José Luis Clavellina, director de Investigación del CIEP. Admite que «se han hecho cambios, sin llegar a una reforma fiscal, que permiten recaudar mejor», pero ve el principal problema «en materia de gasto y de deuda». Para él, a partir de 2019, «la austeridad republicana quedó más bien en el discurso».
Fue una «austeridad aplicada de forma selectiva», explica desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ya que «secretarías como la de Marina, de Defensa, la de Bienestar, que lleva todos los programas sociales, y también la del Trabajo y Previsión Social, se han visto bastante beneficiadas en términos presupuestarios». Ayala, desde el IMCO, apostilla que el déficit ha empezado a resentirse «cuando el saldo acumulado de los fondos de estabilización empieza a desvanecerse». El gasto siempre estuvo presente y, simplemente, se hizo «patente cuando no hubo recursos para de alguna manera disfrazarlos».
«La administración actual recibió un México con un sistema fiscal relativamente débil y deja uno con claroscuros», resume Clavellina. «El déficit al inicio del mandato era de en torno a 2 % del PIB y, de acuerdo con los datos de la propia Secretaría de Hacienda, va a dejar un déficit de alrededor de 5,96 %», compara. «Es un déficit muy grande, no se veía desde la década de 1980», recuerda. «Creo que esto debilita un poco el legado que deja esta administración a la siguiente», valora. Y explica que la propia secretaría estima que va a ser necesario «un recorte del gasto público de 3 % del PIB», algo que va a suponer, según el experto, una «desaceleración importante», si no una recesión.
Del avión presidencial al Tren Maya y el apoyo a Pemex
Otra rúbrica que ha «elevado de forma importante el gasto», destaca Clavellina, son los grandes proyectos de inversión en infraestructura del gobierno, «que no se sabe si van a ser rentables o no». Se refiere al Tren Maya, al nuevo aeropuerto de Ciudad de México y al ferrocarril del Istmo de Tehuatepec. Ahorros como el recorte del sueldo del presidente o la cacareada renuncia al avión presidencial resultan insignificantes en comparación.
La Secretaría de Hacienda confía en poder recortar el gasto público precisamente porque estas obras ya están concluidas o en vía de estarlo. Aunque admite que «hacía tiempo que no se daba un impulso así a la inversión pública por parte del gobierno», el analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria augura que la siguiente administración va a tener muy difícil afrontar grandes obras de infraestructura. Además, el apoyo a Pemex y la financiación del nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar van a seguir pesando sobre las cuentas públicas.
Incertidumbre ante las elecciones
Es habitual que el gasto público se dispare en un año electoral, con inversiones públicas y medidas sociales para agradar a los votantes, y que el gobierno entrante tenga que ocuparse de reducirlo. Pero en esta ocasión el ajuste va a ser mayor de lo habitual. En un estudio no publicado todavía, el CIEP analizó los cinco anteriores ciclos políticos. «En el año electoral se eleva el gasto público un 1 % del PIB y al siguiente se recorta el gasto 1,75 %», adelanta Clavellina.
Si se cumplen las previsiones para 2025, el año tendría «el recorte más grande que se ha observado desde la crisis del 95 en México», vaticina. Sin embargo, las dos principales candidatas han hablado durante su campaña sobre inversiones en infraestructura, gasto social, pero no de cómo fortalecer los ingresos. «No trae muchos votos hablar de una reforma fiscal», concede Clavellina. La gente no suele votar a quien le advierte que va a subirle los impuestos.
No obstante, la principal incertidumbre actualmente no proviene de las elecciones mexicanas. «El riesgo más importante para mí es la del proceso electoral en Estados Unidos, con un Donald Trump que tiene amplias probabilidades de resultar vencedor, según los sondeos «, afirma Ayala desde el IMCO. «Y que, como vimos en 2016, puede utilizar una retórica muy agresiva en contra de México para ganar simpatías electorales», advierte.
López Obrador defendió el pasado primero de mayo su reforma de las pensiones y presentó a México como el país con menor desempleo del mundo.