Agencias, Ciudad de México.- El Congreso de Perú aprobó este jueves por unanimidad un dictamen de ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor para ampliar la prohibición en el país de las comunicaciones no deseadas con fines comerciales, conocidas como ‘spam’.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Wilson Soto, aseguró que está medida hace «historia» en su país.
Sostuvo que se tomó «frente a la impunidad de las llamadas» no solicitadas, que «cada día mortifican la tranquilidad de los usuarios», tal como reportan numerosas quejas de los ciudadanos. A su turno, la congresista Katy Ugarte consideró que actualmente no existen buenas prácticas de los proveedores de servicios de telefonía en su país, por lo que dijo que es importante proteger los datos de los ciudadanos y mejorar el servicio al cliente.
«Cometen muchos abusos contra los consumidores y es momento de que esto se detenga», enfatizó.
En ese sentido, la modificación recogió las observaciones que hizo el Ejecutivo a una norma que fue aprobada anteriormente por el Parlamento y detalló que están prohibidas las prácticas comerciales desde centros de llamadas, sistemas de llamado telefónico, envíos de mensajes de texto o mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios.
El dictamen estableció la excepción del envío de comunicación comercial al consumidor que, por iniciativa propia, se contacte con el proveedor y manifieste su consentimiento «libre, previo, informado, expreso e inequívoco» de recibir esa información. «Este consentimiento puede ser revocado, con efecto inmediato y sin expresión de causa, en cualquier momento y conforme a la normativa que rige la protección de datos personales. La vulneración a esta prohibición es considerada infracción muy grave», remarcó.
La modificación legislativa señaló que, para garantizar la protección del consumidor contra los métodos comerciales agresivos o engañosos, el Estado debe establecer las reglas para el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en las redes de telecomunicaciones.
En una disposición complementaria se indicó que el Ejecutivo establecerá las normas adicionales para otorgar una numeración telefónica especial a los proveedores, los métodos de seguridad y las técnicas de validación para que los usuarios puedan identificar las comunicaciones con fines comerciales.