Agencias, Ciudad de México.- La constructora estadounidense Vulcan Materials dijo el martes que planea defenderse mediante «todas las vías legales disponibles» ante la expropiación de un puerto y una cantera en el sur de México por parte del Gobierno, en los últimos días de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario declaró área natural una gran porción de tierra que se extiende entre los destinos turísticos caribeños Playa del Carmen y Tulum, en el estado Quintana Roo, según un decreto publicado el lunes por la noche. En la zona, la firma extrae piedra caliza que exporta a Estados Unidos por mar.
«Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles», afirmó Vulcan Materials.
El Gobierno ordenó en 2022 suspender la operación de la mina, alegando daños medioambientales que la compañía niega, y en 2023 fuerzas de seguridad locales ocuparon el puerto aledaño desde donde la firma exporta su producción a Estados Unidos.
Vulcan, por su parte, ha acusado a México de expropiar ilegalmente sus inversiones locales y exige más de 1,500 millones de dólares en compensación a través de un arbitraje mediado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
López Obrador, conocido por el acrónimo AMLO y que el 1 de octubre cederá el poder a su correligionaria Claudia Sheinbaum, dijo en julio que su objetivo antes de terminar su gestión el 1 de octubre era lograr que la clausura de las instalaciones de la empresa estadounidense fuera «definitiva» en términos legales.
La mina está en la península de Yucatán, al igual que uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la gestión del mandatario, el Tren Maya, un ferrocarril turístico de unos 1,500 kilómetros de recorrido, cuestionado por organizaciones civiles por supuestos daños ecológicos.
En mayo, AMLO negó que la clausura de las instalaciones de Vulcan fuera una expropiación, en respuesta a unos comentarios del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien afirmó que la postura de México no era una buena forma de atraer inversiones.
«La expropiación de la tierra y el puerto de nuestra empresa es otra escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el TMEC, y otros tratados de inversión aplicables», afirmó Vulcan el martes en el comunicado.
El año pasado, López Obrador anunció que ofrecía 6,500 millones de pesos (unos 391 millones de dólares) para comprar el terreno donde opera Vulcan y resolver la disputa. Su plan para la zona es convertirla en un desarrollo turístico con un puerto para cruceros.
El lunes, antes de la publicación del decreto, un grupo de senadores estadounidenses encabezados por el republicano Bill Hagerty presentó un proyecto de ley que, de aprobarse, dejaría en la práctica el puerto inutilizable para transporte marítimo o cruceros, si se concretara la expropiación.
La iniciativa prohibiría a los buques entrar en un puerto estadounidense si anteriormente habían utilizado un puerto, terreno o infraestructura que hubiera sido confiscado ilegalmente a una entidad de ese país por otra nación del hemisferio occidental. En mayo, los legisladores de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley similar.
«Ninguna nación o presidente, y especialmente uno de nuestros mayores socios comerciales, debería poder intimidar a una empresa estadounidense sin consecuencias», dijo Hagerty en un comunicado.