Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Rosa Icela Rodríguez secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que prevén la cancelación de ocho contratos de adjudicación directa de prestaciones de servicios a reclusorios que otorgaron el ex Presidente Felipe Calderón y su lugarteniente Genaro García Luna a particulares con montos de 266 mil 300 millones de pesos entre 2010 y 2011.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional Rodríguez precisó que detectaron el pago de 75 mil 661 millones de pesos a particulares a través de contratos de prestación de servicios en nueve centros penales en Sonora, Guanajuato, Durango, Chiapas, Michoacán y Oaxaca.
Además, el Femenil de Durango cuyas concesiones han sido otorgadas el 7 de diciembre de 2010, y de Oaxaca el 11 de diciembre de 2011.
“En aquel momento los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villagrán, Arturo Sosa, y Marco Antonio Villarreal, con el Presidente Felipe Calderón y con Genaro García Luna.
«Y ejemplificó: En Sonora la capacidad es de 78 por ciento; Guanajuato a un 76 por ciento; Oaxaca con un 59 por ciento, el femenil de Morelos el 32 por ciento. Con la atención, entre los nueve reclusorios, de 12 mil reos.
«Se han pagado 75 mil 661 mil millones, hay un pendiente de 190 mil 658 millones de pesos, con un costo total proyectado de 266 mil 300 millones de pesos a pagar al año 2035.
De un total de 22 mil millones que se ejercieron en 2021, el 72 por ciento que son 15 mil 562 millones fueron para las empresas privadas.
«En Sonora se gastan 900 mil pesos al año por reo. En el Femenil de Morelos se gastan dos millones 300 mil pesos. En contraste el Gobierno de la Ciudad de México, se paga un promedio de 500 pesos. Y el gasto promedio anual es de un millón 200 mil pesos al año, por cada uno de los internos», explicó Rodríguez.
En su intervención en la conferencia de prensa en Palacio Nacional el consejero jurídico Julio Scherer agregó que los contratos casi llegaron a 270 mil millones de pesos mediante asignaciones directas.
Las empresas brindan el servicio de condiciones físicas, los pagos se realizarán desde el principio y hasta el final de contrato, aunque no haya reclusos.
Scherer añadió que el contrato de adjudicación directa de servicios estipuló la adquisición del terreno, equipamiento, desarrollo de infraestructura y diseño del proyecto.
Así como el pago de la conservación, mantenimiento de las instalaciones y equipos de laboratorio, limpieza, jardinería, alimentación, dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato.
«Eso es lo que pone el proveedor y reiterar que todo esto fue por adjudicación directa», sostuvo Scherer.
En ese contexto el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que buscarían revertir esos contratos leoninos a través de un acuerdo con proveedores de servicios en los reclusorios y en caso contrario procederían a su cancelación formal.
«Hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna.
«He dado instrucciones al Consejero Jurídico para que se actúe en dos vertientes: que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública, se va hablar con cada uno de ellos.
«En paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo», advirtió López Obrador.